Una de las vertientes de la política de relaciones exteriores del actual gobierno mexicano se ha basado en la cooperación regional y en disipar tensiones con los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua, aunque la comunidad internacional ha castigado a estos países por sus comportamientos negativos y poco democráticos.

En relación a la migración, se han creado diversos planes para atenderla mediante el empleo formal a migrantes centroamericanos en programas como Sembrando Vidas, e incluso, la contratación de médicos cubanos ante lo que se argumenta la escasez de especialistas. Al mismo tiempo se han desplegado elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur del país para impedir el libre tránsito de migrantes centroamericanos.

Para fines de este debate, existen dos visiones sobre la justicia: la justicia preventiva y la justicia activa. Por una parte, la justicia preventiva puede deducir de forma precisa el comportamiento futuro de una persona. De modo que, se juzga de forma anticipada a las personas, así aún no hayan cometido acciones buenas o malas todavía. Si se deduce que una persona recurrirá a actos injustos, ya no se le permite entrar en el más allá, con el objetivo de liberar al mundo del mal preventivamente.
En contraposición, la justicia activa propone que las personas merecen ser juzgadas única y exclusivamente por los actos que han realizado, así se tenga certeza sobre las acciones futuras, estas no deben influir en el juicio del más allá.
El más allá es el espacio divino donde se encuentran las personas en su descanso eterno y se espera que sean recompensadas conforme sus acciones en vida.

En los últimos años, diversos países en el mundo han buscado hacerse de recursos naturales de diversas formas, entre las que se encuentran la explotación, compra e incluso la inversión en países con gran riqueza de los mismos.
La minería en México está controlada en su mayoría por empresas de nacionalidad canadiense y estadounidense, a través de concesiones que hace el gobierno, lo que les permite explotarlas por un tiempo determinado pagando al Estado Mexicano los derechos sobre minería.